Recordemos que hace tres años, se leyó por parte de otra entidad costarricense a cargo de visitas regulares a los centros de detención en Costa Rica (ver nota de La Nación del 28 de mayo del 2013), que: "La Defensoría de los Habitantes consideró que las cárceles costarricenses “son depósitos de personas” que violan la dignidad humana tanto de reos, como del personal técnico y de seguridad. Así se consignó en el informe anual sobre la situación en el 2012, del sistema penitenciario, trabajo elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría". Como es bien sabido, las cárceles de un Estado constituyen lugares sombríos, mantenidos voluntariamente en una suerte de oscuridad institucionalizada: la única ventana de esperanza para los que en ello cohabitan, es la luz que puede arrojar la visita de un ente externo al sistema carcelario. Precisamente, entre 1991 y el 2002, Costa Rica lideró exitosamente las negociaciones en el seno de Naciones Unidas que culminarían con la exitosa adopción de un novedoso instrumento, bajo la forma de un protocolo facultativo, para prevenir significativamente los malos tratos y la tortura en los centros de privación de libertad (remitimos al lector a la descripción detallada de dicho proceso de negociación internacional, en páginas 50-73 de esta publicación del IIDH).
Más recientemente, en el mes de marzo del 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de la inspección in situ realizada por otro ente habilitado a realizar visitas, el Relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad en febrero del mismo año, había hecho públicas sus recomendaciones al Estado costarricense sobre el deplorable estado en el que se encuentran sus cárceles (ver informe detallado reproducido en esta nota de este mismo blog).
Mencionemos que el tema de la privación de libertad ha generado en Costa Rica valiosas iniciativas, como por ejemplo el ofrecer espacios para el arte y la cultura a los privados de libertad (ver nota sobre presentación en la Alianza Francesa de un poemario del 2014 o esta nota sobre encuentro sobre danza y cárceles del 2011); también merece mención la venta de artesanías en exposiciones nacionales (ver nota de CRHoy del 2013). Las posibilidades de trabajo de los privados de libertad fue objeto de una interesante tesis (ver texto completo) de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR), por parte de la entonces estudiante Maricel Gómez Murillo, en cuanto a su alcance real en la práctica y las mejoras requeridas. No obstante, las condiciones de hacinamiento y el deterioro de la infraestructura están alcanzado niveles tan críticos en Costa Rica, que hacen a un lado estos esfuerzos, y que, nuevamente, interpelan al sistema carcerlario costarricense y a la sociedad costarricense como tal.
Según se lee en la nota precitada de La Nación, para el juez ejecutor de la pena Roy Murillo :"En definitiva, la cárcel de San Sebastián es hoy una jaula humana deteriorante, aplastante y humillante, y esa situación no puede ser tolerada por esta autoridad. El hacinamiento unido a las pésimas condiciones de infraestructura y la gravísima limitación para el acceso a la luz y ventilación natural han convertido ese espacio carcelario en un calabozo gigante. ”Nos encontramos ante un evidente ejercicio de terror de Estado que no es válido en una democracia y que no puede prolongarse sino que, por el contrario, se hace necesario cesar con urgencia. Ya no se trata solo de hacinamiento sino de una infraestructura y condiciones penitenciarias deterioradas y lesivas de la dignidad humana”.
Es menester indicar que una solicitud del mismo juez Roy Murillo relacionada con la Unidad de San Sebastián, sólidamente respaldada desde el punto de vista técnico (ver nota de La Extra), había ordenado que no se aceptaran más personas en San Sabastián (véase texto completo de las medidas correctivas del 24 de setiembre del 2013, reproducidas por Derechoaldia). Se leyó en aquel entonces por parte de la jurista Cecilia Sánchez Romero, quién ostenta desde el 2015 la cartera del Ministerio de Justicia en Costa Rica (ver nota publicada en DerechoalDia), que: "No permitamos hoy que la propia institución conspire contra esta garantía, pretendiendo someter a revisión la decisión de un juez de ejecución de la pena, que no ha hecho más que cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Un juez que resuelve con fundamento jurídico, con apoyo en normativa procesal, con sólido respaldo de pronunciamientos de la Sala Constitucional en la materia y, por supuesto, con un elemental sentido de humanidad".
La situación de los privados de libertad dentro de un Estado no escapa al ámbito del derecho internacional: cuando en materia de derechos humanos, se habla de la lucha contra la tortura (o su prevención), se incluye también la lucha contra los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que violentan los principios más básicos de la dignidad humana: los malos tratos que lleguen a calificarse como inhumanos, o crueles, o degradantes, son tan violatorios como la tortura, razón por la que ambas expresiones son indivisibles y así consta en los numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos. Los estándares internacionales, en particular los establecidos en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, así como la jurisprudencia en materia de integridad personal y privación de libertad (ver estudio) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen a ese respecto una útil guía para los Estados del hemisferio americano. En uno de sus fallos (caso Montero Aranguren y otros versus Venezuela), la Corte Interamericana sentenció que: “el espacio de aproximadamente 30 centímetros cuadrados por cada recluso es a todas luces inaceptable y constituye en sí mismo un trato cruel, inhumano y degradante, contrario a la dignidad inherente del ser humano y, por ende, violatorio del artículo 5.2 de la Convención” (párr. 89). Para dar otro ejemplo en América Latina, el Procurador General en Colombia en el año 2003 ya advertía en un pronunciamiento (ver texto completo) que: “De acuerdo con el parámetro internacional, cualquier sistema de reclusión o prisión que trabaje bajo condiciones de hacinamiento superiores a 20 por ciento (es decir, 120 personas recluidas por 100 plazas disponibles) se encuentra en estado de “sobrepoblación crítica”. Una situación de “sobrepoblación crítica” puede generar violaciones o desconocimiento de los derechos fundamentales de los internos” (p. 3).
Al analizar brevemente las recientes obervaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al informe de Costa Rica, nos permitimos referir (ver nota publicada en DerechoalDía del 10 de abril del 2016) a un aspecto que, según todo parece indicar, no despertó mayor interés por parte de la prensa nacional y mucho menos por parte de las autoridades: "Finalmente, entre muchos de los señalamientos realizados, quisiéramos incluir en estas muy breves referencias lo que se lee en el punto 25 por parte del Comité de Derechos Humanos, y que ameritaría una explicación detallada por parte de las autoridades: “25. Preocupa al Comité que el Estado parte no haya proporcionado información sobre investigaciones y sanciones por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del orden en centros de detención y por miembros de la Policía, especialmente relacionadas con tortura y malos tratos (art. 7 y 10)”.
Sin lugar a dudas, la situación de las personas privadas de libertad se ha convertido en Costa Rica en un verdadero lunar en materia de derechos humanos. Ello, pese a las innumerables advertencias hechas por unos y otros, sea desde fuera de Costa Rica o desde la misma Costa Rica, sea desde el mismo sistema judicial, sea desde fuera del mismo. Y ello desde hace muchos años. En esta breve nota de Informa-tico publicada el 25 de junio del 2014, titulada "Día Internacional de la lucha contra la Tortura y los malos tratos La lucha contra la tortura y los malos tratos en Costa Rica", nos permitimos citar palabras redactadas en el 2001 (es decir hace ... 15 años) por el Presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica: "Nuevamente, ante reclamos desatendidos y advertencias desoídas, se recurre a entidades internacionales, con una leve diferencia con relación a otras experiencias recientes: no se trata de víctimas o de comunidades indignadas por la desatención del Estado a sus legítimos reclamos, sino que se trata esta vez del mismo Estado costarricense procediendo a hacer un llamado a estas entidades internacionales… para forzarlo (¿forzarse?) a cumplir con exigencias mínimas en cuanto a condiciones de detención se refiere. Las consecuencias para un sistema penitenciario (ya colapsado) de las políticas represivas de las últimas administraciones debería de constituir un primer ejercicio al que se proceda, en aras de encontrar vías y soluciones duraderas a un problema que, lejos de circunscribirse a las paredes de una cárcel, afecta a la sociedad costarricense como tal. Ya en el año 2001 el Presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, Luis Paulino Mora alertaba: “Con mucha razón se ha dicho que el grado de verdadera democracia y libertad de un país puede medirse por el tipo de cárceles que tenga. Si ello es así, vergüenza nos da a muchos vernos en el espejo de cárceles desgarradas”.