Se trata del primer nacimiento oficialmente registrado en Costa Rica posterior al fallo del 2012 en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a Costa Rica reestablecer algún tipo de regulación, que había anulado la Sala Constitucional en el año 2000 (véase nota del 21 de diciembre del 2012). Leída la sentencia del juez interamericano, Costa Rica se mantuvo un primer año sin acatarla (véase nota de El País de España), y un segundo en similar situación. En total, transcurrieron dos años y medio sin acatar lo dispuesto en la sentencia, hasta que la Corte Interamericana validara un Decreto Ejecutivo (adoptado por el Poder Ejecutivo en setiembre del 2015), con ocasión de una nueva sentencia sobre ejecución del fallo del 2012, la cual fue dictaminada en febrero del 2016.
A ese respecto, vale la pena traer a la memoria un episodio relativo a las relaciones entre el Poder Judicial costarricense y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: en octubre del 2015, la Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad contra el precitado Decreto Ejecutivo que pretendía regular la FIV, y ello pese a que el mismo tema estuviese bajo estudio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta cuestionable decisión se tomó en una cerrada votación (4/3) en la Sala Constitucional, motivando a su Presidente, el jurista Gilbert Armijo, a acogerse a su jubilación (ver nota de La Nación). En febrero del 2016, el juez interamericano confirmaría la plena validez de dicho Decreto Ejecutivo (véase sentencia sobre cumplimiento del 26 de febrero del 2016), no sin antes recordarle a la Sala Constitucional algunas verdades incómodas (párrafos 12 y 20).
La perseverancia de 19 parejas costarricenses (y la de sus abogados) logró finalmente obligar al Estado a reestablecer un marco legal para la práctiva de la FIV. De manera a apreciar el tiempo transcurrido desde la presentación de una petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero del 2001, remitimos al lector a la ficha técnica del caso oficialmente denominado "Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica".
Cabe indicar que Costa Rica presentó varias excepciones preliminares con la finalidad de evitar que los órganos del sistema interamericano se pronunciaran sobre el fondo del asunto: como ya se indicó en una nota sobre otro caso aún pendiente de resolución ante el juez interamericano contra Costa Rica, "...el recurso a esta figura legal debiera ser siempre objeto de una cuidadosa valoración por parte de los Estados: intentar evitar que la justicia internacional se pronuncie no siempre es bien percibido por parte del juez internacional, puede incluso llegar a indisponerlo".
Nótese que las entidades públicas de salud de Costa Rica aún no poseen la infraestructura necesaria, ya que desde el mes de diciembre del 2012, no parecieran haber tomado las previsiones del caso. Por lo que son clínicas privadas las que, hasta el momento, están autorizadas para ofrecer este servicio a parejas que lo soliciten. Se prevé, según algunas declaraciones dadas en la prensa por personeros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que el sistema de salud pública costarricense podrá ofrecerlo en el 2018. En la precitada nota de La Nación se lee por parte de uno de los abogados que llevó este caso ante las instancias interamericanas que: "Solo estamos a la espera de que la Caja cumpla. Costa Rica dejó de ser el único país en el mundo en impedir el avance de la ciencia para ayudar a las parejas a tener hijos", dijo el abogado".
Externamos a los felices padres de María José nuestras más sinceras felicitaciones, esperando que las demás parejas costarricenses que quieran procrear mediante el recurso a esta técnica asistida logren prontamente realizar sus anhelos más preciados, pospuestos en Costa Rica durante más de 16 años debido a una decisión tomada en marzo del año 2000 por cinco magistrados constitucionales contra el criterio de dos de sus colegas.